#2
2023, España, sanidad pública, gasto total en medicamentos: 27.730 millones de euros (+5,1% respecto a 2022).
Así que 138,7M en toda España por un solo medicamento sin genérico de tratamiento y prevención de algo tan común como la trombosis y la embolia … sí, tiene sentido.
La sanidad mueve cantidades insultantes de dinero.
La noticia es que las acusaciones de los periodistas sobre Gregorio Pérez Saavedra son veraces. Es decir, que estos titulares son ciertos:
«Acostumbra a saltarse a la torera las leyes», o «los hoteles carecen de licencia de actividades clasificadas»
algunos de los medios habrían instado al empresario a adecuarse a la legislación vigente «en beneficio de los empleados, que no deben pagar por las irregularidades subsanables que ha cometido en beneficio propio».
Con detalle:
para el alto tribunal, «la información difundida está sólidamente fundada en una indiscutible actividad administrativa de control de la legalidad». Así pues, para el Supremo, «no nos hallamos ante la difusión de simples rumores carentes de constatación».
«Los demandados son titulares de la libertad de información, que les confiere el derecho a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión», recuerda el tribunal.
#1 ¿nombrar un hecho objetivo de este juez, que usa su posición privilegiada como juez para atacar al PSOE aceptando bulos y mentiras a sabiendas, para explicar que le conecta tan directamente con el PP, origen de los bulos, es equiparable a mentir sobre el familiar de un político solo para hacer daño político?
¿De verdad dices algo así y te quedas tan pancho pensando que iba a colar?
#1
En el auto de reapertura, firmado este martes 23 de abril y recogido por Europa Press, el magistrado acuerda la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con ese mismo software.
En la documentación aportada por Francia, las autoridades de ese país explican que se han dirigido a la mercantil Grupo NSO, sociedad de capital riesgo cuyo domicilio social se encuentra en Israel, y que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, en principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.
Francia quiere saber quién está detrás las infestaciones masivas
Del mismo modo, las autoridades francesas exponen que sus investigaciones pretenden averiguar quién se encuentra detrás de estas infestaciones masivas y que su investigación les ha llevado a solicitar auxilio judicial a Estados Unidos e Israel, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.
En el documento enviado por Francia se recogen los "indicadores de compromiso" (IOCs), que son una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos indicadores pueden incluir direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamiento anómalo de usuarios, entre otros. Los IOCs se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.
En busca de la fuente inicial
El magistrado explica que las investigaciones en Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. "Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación", concluye.
Como principal diligencia, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la práctica de un informe pericial que elaborará el Centro Criptológico Nacional con objeto de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que lleve a determinar la autoría de los ataques informáticos.
#124 es de primero de hijo de buena familia pedirse una VPO, ponerla en alquiler, pasar a vivir a un chaletaco y luego quejarse hasta que fallezcan de que España está llena de vagos y chupopteros de ayudas públicas.
#4#3#1#2 ni a fondos buitre ni entre personas, que muchas personas han hecho negociazo recibiendo piso de PO y vendiendo a precio de mercado 20 años después. Entre personas además con el tiempo cambia la situación y, quien era elegible, 20 años después puede estar bien fuera de la elegibilidad.
2023, España, sanidad pública, gasto total en medicamentos: 27.730 millones de euros (+5,1% respecto a 2022).
Así que 138,7M en toda España por un solo medicamento sin genérico de tratamiento y prevención de algo tan común como la trombosis y la embolia … sí, tiene sentido.
La sanidad mueve cantidades insultantes de dinero.
Cc #4