Los ciudadanos que ante la falta del agua o la luz; por el deterioro de una escuela o por la inseguridad decidan cerrar una calle para protestar, sin permiso de la Alcaldía o la Gobernación, se arriesgan a ser dispersados por la policía y a ser procesados por el Ministerio Público por desobediencia, pues a criterio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la falta de dicha autorización "limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión".
|
etiquetas: venezuela , protestas , tribunal supremo 
