En el verano de 2015, hace ahora exactamente dos años, la CNMC dictaba una resolución por la cual se imponía una sanción de 131 millones de euros a la mayoría de los fabricantes y distribuidores de automóviles de España y de 53 millones de euros a más de 100 concesionarios. La razón no era otra que la investigación que llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a determinar que tanto fabricantes, como concesionarios, habían formado un cartel, en ocasiones aprovechando las consultoras con las que trabajaban, para compartir información sensible que, en la práctica, se habría utilizado para organizar un pacto de precios tácito.
