La Abogacía del Estado emitió en abril un informe, al que ha accedido EL PAÍS, donde alertaba de que "no tendría justificación" legal una asistencia jurídica gratuita como la otorgada en época del PP a empresas de la Gürtel para su defensa en el juicio. El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación para esclarecer los pagos en la anterior etapa a los abogados de oficio de implicados en la red de corrupción, que acabó con la condena del propio PP.
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