La Abogacía denuncia que "incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones". Además de "colapsar" los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos.
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