La cuantía del fraude estimado es de veinte millones de euros aunque los investigadores creen que la cifra final va a ser superior. La mayoría de los contratos presuntamente fraudulentos fueron adjudicados en el año 2012 aunque la UCO tiene sobre la mesa adjudicaciones que hizo la empresa pública dependiente del ministerio de agricultura en el año 2007 y hasta el año pasado.
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