Hoy, con el fallo condenatorio del defensor de los derechos humanos Abdulkareem al-Khoder y su condena a 10 años de prisión, las autoridades saudíes han persistido en su cínica aplicación de una legislación antiterrorista represiva y excesivamente ambigua para purgar la pequeña y asediada sociedad civil del país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
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