Argentina ha condenado a 622 represores y ha imputado a más de 2.000 personas desde que comenzaron a juzgarse en el año 2006 los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante la última dictadura militar argentina. Los datos, que se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Hmanidad, comienzan en 2006, año en que se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían juzgar los crímenes cometidos en el periodo dictatorial.
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