Entre las propuestas destacan el control y el cumplimiento de la legislación y de la planificación actual en materia de ordenación urbana, paisajística y territorial por parte de las diferentes administraciones afectadas en el entorno del mar Menor, y aplicación y ejecución del régimen sancionador descrito en los instrumentos de planeamiento, así como la revisión y adecuación de los diferentes procedimientos administrativos en materia de urbanismo a objetivos de sostenibilidad y de mitigación del Cambio Climático.
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