La Junta mantiene vivo el sistema de transferencias de fondos públicos que es la clave de bóveda de todos los grandes escándalos en Andalucía. Los mecanismos presupuestarios que han permitido repartir el dinero público de forma arbitraria entre agentes sociales, empresas públicas y empresarios continúan activos. La Junta avala a empresas privadas que no pagan sus créditos, no recupera el dinero prestado y continúa contratándolas a pesar de que no cumplen con los requisitos que establece la ley.
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