Un informe jurídico de la ANC sobre posibles acciones penales sobre funcionarios durante el proceso independentista concluye que los trabajadores públicos no cometerán ningún delito al ejercer órdenes del Govern y del Parlament. "La actuación de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Cataluña que se ejecuten de acuerdo con las normas dictadas por el Parlament y el Govern en ningún caso supondrá la comisión de un delito," es lo que defiende el texto.
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