Con la economía de España paralizada por el estado de alarma, las empresas españolas han empezado a solicitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para ajustar sus costes salariales a la caída de la actividad sin necesidad de despidos. Lo han hecho por decenas de miles, casi centenares, lo que ha generado un colapso en la gestión de estos procedimientos. Según los últimos datos facilitados por las CCAA, los ERTE solicitados superan ya los 160.000, con un millón y medio de trabajadores afectado.
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