El documento interno, al que ha tenido acceso eldiario.es, detecta irregularidades en el procedimiento: se saltó la normativa interna de plazos y no se tuvo en cuenta la desaparición de los bienes que los avalistas aportaron como garantías. El informe, encargado una vez estalló la polémica, revela demoras que permitieron que los receptores del aval se deshicieran de su patrimonio para evitar el embargo. La empresa no hizo un "análisis profundo" de esta situación hasta junio de 2019
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