Para el Gobierno municipal es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. El nuevo Decreto deja sin efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa. "A partir de ahora vamos a valorar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio".
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