El alquiler de viviendas con fines turísticos ha provocado que las llegadas a las islas se disparen. Por eso, y ante las reiteradas quejas de los ciudadanos, el Gobierno balear ha aprobado este martes una nueva ley que limita a 623.000 las plazas hoteleras y multa hasta con 400.000 euros a las plataformas del tipo Airbnb en caso de no retirar los anuncios de pisos turísticos.
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