El Banco Mundial ha violado reiteradamente sus propias políticas en la protección de los derechos de los pueblos indígenas mediante la financiación de proyectos de agua, electricidad y transporte que obligaron a casi 3,4 millones de habitantes de tugurios, agricultores y pobladores de sus hogares y puestos de trabajo en la última década, según documentos revisados por The Guardian.
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