En el citado documento, la justicia belga, a través de la Fiscalía de aquel país, expone una serie de dudas al Supremo a la par que pone en conocimiento de Llarena “de manera inmediata” que “la desobediencia no puede dar lugar a la entrega” de los ex miembros del Govern “puesto que este delito no está recogido en la legislación belga, lo que significa que el principio de doble tipicidad no se cumplirá”.
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