"España se ha quedado atrás en la aplicación del marco legal (de la UE), pues los informes de las autoridades españolas muestran que aún no existe tratamiento adecuado" de las aguas residuales en lugares como Berga, Figueres o Bañolas (Cataluña) ni en Pontevedra, Marín, Poio o Bueu (Galicia), precisó la CE en un comunicado.
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