No son las de los trabajadores, sino las de los empresarios las trampas que han acabado llenando el buzón de lucha contra el fraude laboral de la ministra de Empleo, Fátima Báñez . Hasta 1.592 empleos irregulares, que han obligado a la Seguridad Social a imponer sanciones por importe de 4,4 millones de euros a las empresas infractoras y no a los trabajadores. Las sospechas vertidas por la ministra contra asalariados y parados han desvelado que el fraude viene mayormente de las empresas.
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