El impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) lo pagan bancos y clientes. Pero la porción que toca a los que piden un préstamo para comprar una vivienda tiende a ser mayor cuando menor es la renta, o si la operación se realiza en zonas con escasez de oficinas bancarias. El cambio que decretó el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2018 no ha evitado que las familias también paguen este impuesto autonómico. Un estudio publicado por el Banco de España confirma que los clientes no se han librado del tributo.
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