España va a llegar a la cumbre del clima con un bagaje lleno de decisiones que apuntan a una economía más carbonizada. La ley de hidrocarburos, las ayudas al carbón, la retroactividad y la moratoria renovable, las restricciones al autoconsumo, los proyectos de expansión de GNL o los incentivos al mayor consumo de energía son algunos de los rasgos que definen la política energética de los últimos años. Tampoco en los documentos de planificación aparece el CO2 como factor a considerar, como puede verse en los planes enviados a Bruselas.
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