Esta práctica no es nueva para el Canal. Entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5 millones de euros a casi 50 despachos de abogados, muchos de ellos ligados al PP. Es más, tal y como recuerda la SER, llegaron a contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en el Canal.
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