Los investigadores concluyen que hay indicios claros de que los 73 millones de dolares que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía y que el visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo,a través de una empresa radicada en Panamá,y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco. Además cuestionan en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar..
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