Así lo ha aprobado el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona este viernes, después de que un grupo de expertos haya analizado durante meses los riesgos de estos vehículos de movilidad personal. Las otras ATM (Girona, Lleida y Tarragona) lo aprobarán también la próxima semana. Así pues, llevar un dispositivo de estas características al transporte público supondrá una sanción de 200 euros .
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