Consorcios, institutos, fundaciones… Las empresas públicas dependientes de la Generalitat de Cataluña se han convertido en un coladero de altos cargos con sueldos que superan a los de un consejero del Gobierno catalán, que cobra 109.000 euros. Una circunstancia, denunciada por la diputada del PSC, Alicia Romero, y que Junts pel Sí se comprometió a corregir. Para poner freno a estas retribuciones, los socialistas presentarán una enmienda a los presupuestos de 2017.
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