La impunidad e incluso el premio que la democracia otorgó a los represores del franquismo es uno de los grandes lastres morales de la Transición española y una imposición que la débil izquierda aceptó en aquellos años en sus negociaciones con los reformistas de la dictadura. Muchos de aquellos agentes de la Brigada Político-Social, de las fuerzas del orden y civiles que colaboraban con el régimen franquista aún viven y contra algunos va dirigida una denuncia judicial que investiga una jueza argentina, sin apoyo alguno en el Estado español.
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