Tras los recortes provocados por el fin de ETA, aún existen unos 3.000 agentes públicos en España que custodian la seguridad personal de políticos, jueces o personas amenazadas. Fraga mantuvo escolta hasta su fallecimiento; políticos imputados en casos de corrupción, como Camps o Matas, siguen teniéndolos a cargo del erario público. La decisión de retirar la escolta la toma en exclusiva el Ministerio del Interior, por lo que hay muchos casos en los que la atención se mantiene años después de abandonar las instituciones.
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