El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere poner coto a la proliferación de fincas rurales que organizan bodas y eventos familiares, tras años de quejas de empresarios hoteleros y hosteleros, que acusan a estas fincas de competencia desleal. Tras reformar la ley, solo lo podría celebrar bodas aquellas que tengan edificios con un valor cultural, patrimonial y arquitectónico. PSOE y Podemos directamente quieren derogar la norma y que no se puedan celebrar bodas en fincas.
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