El gobierno australiano estudia vender el derecho a emigrar a Australia, no aceptando más a inmigrantes en base a sus habilidades o conexiones familiares. El gobierno piensa con ello reducir el déficit presupuestario mediante la incorporación de decenas de miles de millones de dólares en ingresos adicionales lo que permitiría recortar el número de funcionarios públicos que administran el sistema de inmigración de Australia. Grupos empresariales y sindicatos, así como la comunidad étnica australiana, se oponen.
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