Entiende la justicia en nuestro país, que el cooperador necesario de un crimen debe pagar con la misma pena que el autor del mismo. Pongamos por caso que una banda organizada de delincuentes necesitara de la participación de una empresa aparentemente honrada para llevar a cabo sus actividades delictivas. Que la policía hubiera iniciado la desarticulación de la banda, y que fuera la empresa la que ayudara, bajo su paraguas de presunta honestidad, en el relevo de los capos que dirigen el grupo mafioso.
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