Para actuar en España, aseguran las mismas fuentes, el centro de inteligencia no necesitaba el Pegasus, ya que la ley de control judicial previo del CNI prevé que un magistrado del Supremo, designado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial, autorice aquellas actividades de los espías españoles que afecten a derechos fundamentales: en concreto, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.
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