La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto que sean las compañías eléctricas y no los consumidores quienes asuman las pérdidas de suministro eléctrico que cada año registra la red española, estimadas en 150 millones de euros anuales, y que en su mayor parte vienen generadas por la comisión de fraudes en las conexiones.
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