Mientras el ciudadano de a pie se rascaba el bolsillo para llenar las arcas del Estado, pasando de pagar un tipo general de IVA del 16% a uno del 18% y un reducido del 7% al 8%, un gigantesco roto legal permitió que cientos de millones de euros al año, según estimaciones de fuentes financieras y expertos fiscales, se sacasen del fondo común durante años. Algunas de las tramas investigadas, que se beneficiaron de un fallo en la ley que se tardó en solucionar cuatro años, han pasado ya a manos de la Fiscalía.
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