El Ayuntamiento se las reclamó, en octubre de 2020, para poder informar en la Junta de Gobierno de las operaciones con la empresa malasia Leno. En una de ellas constan los nombres de los comisionistas. La empresa municipal funeraria, que suscribió los contratos, no envió esa factura a la Fiscalía hasta que le fue imposible mantener en secreto las identidades.
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