La compañía eléctrica británica Ecotricity y Greenpeace han escrito a los gobiernos británico y francés, además de a EDF Energy, advirtiéndoles de que cualquier ayuda pública a la central nuclear de Hinkley Point podría ser considerada ilegal. La carta deja claro que tanto Ecotricity como Greenpeace estarían dispuestos a llegar a los tribunales. Hinkley Point va a recibir, durante 35 años, una tarifa que dobla el precio de la electricidad en el mercado.
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