El Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Cristina Cifuentes, levantó el dedo, señaló, y adjudicó 151 contratos por procedimientos sin publicidad desde principios de 2016. Es legal, pero el Tribunal de Cuentas ha denunciado repetidas veces este tipo de actuaciones porque limitan la competencia entre las empresas y, por lo tanto, se ignoran posibles ofertas que podrían ser más baratas y suponer una inversión pública menor.
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