La adjudicación para explotar el almacén de gas de Castor fue regulada por el Real Decreto 855/2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. En la norma se establecen dos tipos de indemnizaciones para la empresa en caso de que el proyecto se paralice. Si el fin de la explotación se produce tras haberse causado daños a terceros o al interés general, el Estado pasará a ser el propietario de la instalación y tendrá que pagar al operador el equivalente al valor neto contable del proyecto.
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