La Comunidad de Madrid y su Agencia de Atención Social han sido condenadas por sancionar a un sindicalista de una residencia infantil pública como represalia por criticar a su director. La Justicia ha confirmado la nulidad de la sanción que se impuso después de denunciar el mal trato dispensado por el director de la residencia en un grupo de WhatsApp de CCOO, confirmando también que debe ser indemnizado con más de 3.100 euros y recuperar el sueldo de la semana en la que estuvo suspendido por, supuestamente, faltar al respeto al director.
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