Los empresarios areneros que se declararon culpables de extraer áridos de forma ilegal en los barrancos de Güímar, entre los que destaca Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción y condenado por el caso Las Teresitas, tendrán que hacer frente a una fianza de casi 170 millones de euros. El auto de la Audiencia Provincial obliga a los condenados a depositar el dinero para la restauración del equilibrio ecológico perturbado para poder eludir la entrada en prisión durante un año.
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