La Audiencia Nacional ha condenado al Estado español a indemnizar a Iberia por los retrasos acumulados en el abono de los billetes de avión de las personas que, en virtud de una resolución de expulsión por encontrarse en situación ilegal en España, han tenido que regresar a sus países de origen en vuelos de la compañía entre los años 2003 y 2011.
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