En la guía, adoptada por el Comité de Ministros -órgano ejecutivo de la organización paneuropea cuyos objetivos son la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho-, se subraya como principio que internet es "un valor de servicio público" y debe ser "accesible sin discriminación alguna, asequible, seguro, fiable y continuo". Por eso, los usuarios deben tener acceso a recursos judiciales eficaces cuando se vulneran sus derechos y "tener la facultad de utilizar internet para participar en la vida democrática". Thorbjørn Jagland, señaló
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