La cantidad de partida es tres veces menor que el coste de construcción del complejo, reconocido por la propia Generalitat. Según la documentación que remitió en su día el Gobierno Valenciano a Bruselas, hablaba de unos gastos de construcción de 265 millones de euros. La Comisión Europea consideró en su momento que las ayudas que se habían concedido para la construcción eran ilegales, y forzó a Ciudad de la Luz a devolverlas al Consell.
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