El Tribunal Constitucional ha dado la razón a un profesor interino de la Región de Murcia al que la consejería de Educación sancionó en el año 2010 con 23 meses de suspensión de empleo y sueldo, por lo que prácticamente fue ‘expulsado’ del sistema educativo regional y se tuvo que marchar a trabajar a Andalucía. Los servicios de Inspección de la Consejería entendieron entonces que el profesor había cometido una falta grave de injurias en dos escritos que el interino dirigió contra la labor de un inspector y otros funcionarios
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