La privatización del Registro Civil, mediante su asignación a los Registradores Mercantiles, tras negarse a asumirlo los Regis. de la Propiedad si no tenían fuente propia de financiación, ha sido tachada por muchos como un caso de tráfico de influencias, dado que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy es registrador de la propiedad, como su hermano, la nuera de Gallardón y otros familiares y personas allegadas. Catalá esgrime "la legalidad vigente", siendo una legalidad impuesta hace 3 meses por Real Decreto y con el sólo apoyo del P. Popular
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