Dos peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) se han ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el informe en el que sostienen que el contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo era "nulo de pleno derecho". La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE. Un contrato, que según Bárcenas se otorgó en 2007 a cambio de una supuesta donación de 200.000 €
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