España cuenta con un instrumento específicamente diseñado para luchar contra la corrupción de los políticos. Se creó hace cuatro años, cuando el Consejo General del Notariado constituyó una base de datos con la que identificar a personajes con responsabilidad política y personas con las que tienen negocios, y a la que pueden acceder directamente jueces, fiscales y las fuerzas de seguridad del estado para desarrollar sus investigaciones y su labor de prevención de prácticas ilegales.
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