El organismo hace firmar a los investigadores un documento aparte del contrato para eludir responsabilidades ante posibles demandas judiciales de trabajadores. El CSIC tomó esta decisión tras decenas de derrotas judiciales que le obligaban a readmitir trabajadores. El organismo público hizo una lista negra de trabajadores con las personas que en algún momento habían llevado a los tribunales al CSIC
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