La reforma pretende limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad, al exigirles el consentimiento parental para poder tomar la decisión. Amnistía Internacional ha recordado, una vez más, que esta proposición es discriminatoria, tal y como han indicado organismos internacionales
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