En la Comunidad Valenciana el 88% de los contratos de la administración autonómica contienen algún tipo de incidencia administrativa, según el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Desde la preparación del contrato, la selección del contratista, la adjudicación y hasta el cumplimiento de las obras y servicios. Además, también se ha encontrado algun defecto incluso en la justificación de necesidad e idoneidad del contrato.
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