El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo que supone la transmisión de la COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.
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